Indemnizaciones en casos de muerte y lesiones.

I. Generalidades.

Todos los días los medios informan acerca de personas que sufren siniestros causantes de lesiones de diferente gravedad o que les ocasionan la muerte.
Frecuentemente estos hechos afectan gravemente bienes de diversa cuantía, ocasionando su pérdida total o parcial.
Muchos de estos hechos constituyen crímenes o simples delitos, es decir, obedecen a una actuación voluntaria del agente que los ocasiona. En otros casos el resultado es ocasionado por la culpa o negligencia del autor.
Cuando el hecho es voluntario, decimos que se trata de delitos y cuando se deben a la culpa o negligencia, decimos que se trata de cuasidelitos o delitos culposos.
Los delitos y cuasidelitos son nociones que operan en sede penal y civil, de modo que constituyen fuente de responsabilidad penal y civil.
La responsabilidad penal en este tipo de casos conduce a la aplicación de una pena, según la figura típica aplicable y la responsabilidad civil conduce principalmente a la condena al pago de una indemnización de perjuicios. Así por ejemplo, en ciertas áreas como la responsabilidad ambiental, el resarcimiento de la responsabilidad civil puede efectuarse en natura, mediante acciones directas de reparación del medio ambiente dañado, o mediante indemnizaciones.
 
II. ¿Qué hacer en caso de ser víctima o familiar de una víctima?

La actuación temprana en los procesos a través de una asesoría jurídica, resulta especialmente necesaria. Es frecuente que los plazos que median entre el inicio de las acciones civiles y el hecho, sea excesivamente largo. Ello se debe a que muchas veces a los tiempos de la investigación del Ministerio Público, pero en las más de las veces, se debe a la inacción de la víctima o su familia, muchas veces motivada por las consecuencias del hecho en el plano de la economía familiar.

III. ¿Dónde se interpone una demanda en estos casos?

Si la causa se ventila ante el Juzgado de Policía Local, la demanda se interpone en mismo proceso contravencional. La misma idea opera cuando la demanda civil se dirige contra el autor del daño, interviniente del proceso penal, caso en el cual la demanda civil y las medidas cautelares se pueden seguir en el mismo proceso penal reformado.
La situación varía cuando la demanda civil se dirigirá en contra de un tercero civilmente responsable, como ocurre cuando se demanda a una empresa o institución, por el hecho de una persona natural por la cual es civilmente responsable, o en ciertos casos de solidaridad. En estos casos la demanda debe interponerse ante un tribunal civil, separadamente de la acción penal.
En ciertos casos es obligatoria la realización de una mediación previa. Así, en casos de negligencia médica que conducen a acciones civiles contra el Estado o sus servicios públicos, la mediación previa es obligatoria.

IV. Acuerdos reparatorios y otras salidas alternativas.

Cuando se trata de figuras que afectan bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o si se trata de lesiones menos graves o delitos culposos (cuasidelitos de homicidio o lesiones graves o menos graves), el proceso penal puede terminar por la aplicación de salidas alternativas de las cuales el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento constituyen sus exponentes principales. En ciertos casos estas figuras no sólo permiten concluir una causa penal derivada de esta clase de siniestros, sino que permiten dar término a complejos juicios civiles indemnizatorios, seguidos paralelamente, mediante su combinación con elaboradas transacciones.

V. Los Seguros.

El telón de fondo de muchas de esta clase de controversias es la ejecución de uno o más contratos de seguro. Frecuentemente las negociaciones de una transacción o salida alternativa pasan por la decisión de una o más compañías aseguradoras o reaseguradoras, por lo que una adecuada versación del letrado en materia de seguros terrestres y marítimos resulta relevante.

VI. Importancia de una intervención temprana en esta clase de casos.

La recomendación en estos casos es casi siempre la intervención temprana de los intervinientes, a través de un abogado, en el caso de las víctimas o sus familiares, a través de la interposición de una querella y de una demanda civil, ante el fuero civil, para el caso de existir terceros civilmente responsables.
En el caso de los demás intervinientes inculpados o terceros responsables, a esa recomendación debe añadirse la de intervenir tempranamente en los procedimientos de investigación y sanción de carácter administrativo, instancia en la que se ventila la eventual infracción de reglamentos, es decir, ciertas clases de culpa o negligencia que consisten en la infracción de reglamentaciones tales como las sanitarias, laborales, de construcción etcétera.
Es frecuente que la demora de los intervinientes en obtener asesoría, afecte negativamente las resultas de un caso, por lo que la mejor decisión será siempre la consulta inmediata de un letrado. 




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